El expresidente reapareció ante el TC y recalcó que es víctima de abuso de autoridad.

Pedro Castillo se encuentra actualmente detenido en el penal de Barbadillo por presuntos delitos de rebelión y conspiración, motivo por el cual fue destituido de su cargo como presidente de la República, tras haber intentado dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.

El exmandatario reapareció en una audiencia del Tribunal Constitucional, donde afirmó estar siendo víctima de abuso de autoridad, al haber sido detenido arbitrariamente. Ha presentado nuevamente un hábeas corpus para que se retiren los cargos en su contra.

“He sido elegido presidente de la República, he sido detenido arbitrariamente, conducido a la prefectura y luego a una carceleta. Hoy estoy en el penal de Barbadillo, resistiendo en todo caso un abuso de autoridad, toda vez que no se ha respetado el debido proceso, yo nunca tuve una notificación para ser detenido”, mencionó.

Asimismo, Castillo aseguró que, después de su mensaje a la nación, nunca tuvo la intención de fugarse del país. “No pretendía fugarme, solo me dirigí a la embajada (de México) para poner en buen recaudo a mi familia. No tuve armamento, quienes tomaron las armas fueron quienes me detuvieron”.

Sin embargo, la Procuraduría solicitó a los magistrados que rechazaran el recurso presentado por la defensa del exmandatario Pedro Castillo Terrones, argumentando que atentó contra los poderes del Estado y es coautor de los delitos que están siendo investigados.

¿Cuáles son esos delitos en investigación?

En octubre de 2022, la Fiscalía de la Nación presentó una acusación formal contra el exmandatario, en la que lo acusaba de liderar una organización criminal dentro de su Gobierno, además de tráfico de influencias y colusión.

Suspicacia dentro de los ministerios

El Ministerio de Transportes ha sido uno de los principales objetos de investigación. Según el Ministerio Público, Castillo y su exministro de Transportes, Juan Silva, quien se encontraba prófugo, favorecieron a empresarios con contratos públicos a cambio de pagos irregulares.

Además, la red presuntamente liderada por Castillo habría buscado lucrar con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota. Este hecho llevó a prisión a su cuñada Yenifer Paredes, quien fue vista gestionando la realización de obras de saneamiento junto al empresario local Hugo Espino.

Por otro lado, se encuentra la salida del Gobierno del ministro del Interior, Mariano González, quien declaró a los medios haber sido destituido por asignar a los policías más competentes a la división encargada de localizar a prófugos de la justicia, como los sobrinos de Castillo.

Ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas

La Fiscalía considera que Castillo Terrones, junto con el exministro de Defensa Walter Ayala y su exsecretario personal Bruno Pacheco, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general a cambio de recibir dinero.

El papel de ‘Los Niños’

Está conformado por seis congresistas del partido Acción Popular, conocidos como “Los Niños”, a quienes la Fiscalía también sitúa como miembros de la organización criminal de Castillo. Se trata de Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza. Estos parlamentarios se caracterizaron por votar a favor de los intereses de Castillo en el Congreso, a pesar de pertenecer a una bancada rival.

Esta revelación surge tras el testimonio de la empresaria Karelim López Arredondo, quien señaló que todos ellos formarían parte de la red corrupta del Ministerio de Transportes. Cabe recordar que López fue colaboradora eficaz después de haber sido investigada por su cercanía con Castillo Terrones y con el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco.

Así es como Pedro Castillo, uno de los pocos outsiders de la política peruana, intenta salir airoso como otras autoridades que han sido presidentes del Perú. Sin embargo, parece que no ha tenido “buena suerte” y la justicia en el país está funcionando como debería con todas las personas vinculadas a temas de corrupción que atentan contra la honra de la nación.

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